El 2 de octubre de 2026, PP, Vox, Junts y UPN tumbaron los dos decretos de vivienda que protegían a los inquilinos y frenaban a los fondos buitre. Cruzamos el voto de cada diputado con su declaración de bienes: quienes votaron «no» tienen de media más casas. Toca, filtra y explora los 350 escaños.
Todo empezó con Maricarmen. Su desahucio encendió la acampada de Sol —más de 1.300 tiendas y unas 2.000 personas— y forzó al Gobierno a aprobar el 29 de septiembre de 2026 el paquete de vivienda más ambicioso de la década: el «decreto Maricarmen». Duró 48 horas.
El Real Decreto-ley 26/2026 suspendía los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, prohibía hasta 2028 las compras especulativas de fondos por debajo del 70% del valor de tasación, prorrogaba dos años los alquileres y topaba las subidas de renta, regulaba los alquileres temporales y por habitaciones, y subía impuestos a pisos turísticos y socimis. El Real Decreto-ley 27/2026, impulsado por Sumar a instancias del Sindicato de Inquilinas, convertía los alquileres en renovables automáticamente por periodos de 5 años (7 si el casero es una empresa) con indemnizaciones de hasta 12 mensualidades ante rescisiones injustificadas.
El 2 de octubre, con la tribuna de invitados gritando «fondos buitre gobiernan el Congreso», ambos cayeron. El primero por 178 votos contra 172; el segundo por 184 contra 166. Junts tenía la llave: sus 7 escaños bastaban incluso con abstenerse. Puigdemont impuso el «no». Al día siguiente, más de 50 ciudades se manifestaron y el Sindicato de Inquilinas anunció el camino hacia una huelga general.
«Les ruego que sean valientes y coherentes. La historia les juzgará antes de lo que creen» — Pedro Sánchez, minutos antes de la votación.
Cada punto es un diputado o diputada. Cambia el modo para ver cómo votó en cada decreto o cuántas casas tiene. Pasa el ratón y haz clic para abrir su ficha.
Los 350 diputados declaran 554 viviendas: una media de 1,6 por cabeza, más del doble que un adulto español (~0,7). Y entre quienes tumban las leyes de alquiler, la proporción de multipropietarios se dispara.
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El cruce que duele: cuántas casas tienen, de media, los que votaron a favor y en contra de proteger a los inquilinos.
La campeona absoluta es María de las Mercedes Cantalapiedra (PP, Valladolid), con 19 viviendas —dieciséis de ellas en Serrada, por herencia—. Le siguen María Mercè Perea (PSOE, Barcelona), con 12, y un pelotón de diputados populares con 7 y 8 propiedades. Según el recuento manual de Público, solo 2 diputados serían «grandes tenedores» (10 o más viviendas) en el sentido de la Ley de Vivienda… pero entre 61 (nuestro dataset) y 71 (Público) diputados tienen 3 o más —alrededor de 1 de cada 5—, y 66 cobran rentas de alquiler de hasta 33.000 € al año (Europa Press). En el otro extremo, 74 diputados no declaran ninguna vivienda en nuestro dataset (52 en el recuento de Público).
Nadie dice que tener una casa sea un delito. La pregunta es otra: ¿puede un hemiciclo de propietarios —y un quinto de él, de caseros— legislar con imparcialidad sobre alquileres, desahucios y especulación? El conflicto de interés no es una sospecha: es aritmética.
Los 350 escaños, uno a uno. Busca por nombre, filtra por partido o por voto, y cambia de vista. Cada ficha enlaza a la declaración oficial en congreso.es.
La votación del 2 de octubre no es un accidente: es el capítulo final de una historia que empieza en la crisis de 2008, cuando el Estado rescató a la banca y el ladrillo cambió de dueño.
Entre 2007 y 2013 el precio de la vivienda se desplomó un 35% (hasta un 45% en términos reales). Mientras cientos de miles de familias perdían su casa —844.534 lanzamientos entre 2008 y 2021—, el Estado creó la SAREB (2012) para quedarse con unos 200.000 activos tóxicos de la banca rescatada, valorados en 50.781 millones. Lo que vino después fue la mayor transferencia de vivienda de la historia reciente: las carteras del rescate se vendieron a precio de saldo a Blackstone, Cerberus o Lone Star (más de 148.500 millones en carteras entre 2015 y 2019), y ayuntamientos como el de Madrid malvendieron 1.860 pisos de protección pública a un fondo. Desde el mínimo de 2014, el valor tasado ha subido un 53% y el alquiler se ha más que duplicado. El precio lleva 44 trimestres consecutivos al alza y en 2025 marcó el mayor incremento desde 2007 (+12,9%).
Tres modos: precio de compra (valor tasado), alquiler (oferta idealista) o índice común 2014=100 para comparar. Las líneas de puntos grises marcan los hitos del saqueo; los puntos, los datos documentados.
Los números de la juventud son un escándalo silencioso: el salario mediano joven es de 1.191 € y el alquiler medio de 1.176 € —emanciparse solo consume el 98,7% del sueldo—, el 67% de las personas de 18 a 34 años vive con sus padres y casi la mitad de los jóvenes inquilinos destina más del 30% de su renta a la vivienda. Mientras, hay 3,8 millones de viviendas vacías y un déficit acumulado de unas 730.000 viviendas entre los hogares que se crean y las que se terminan.
¿Y los desahucios? Cayeron con la moratoria de la pandemia y la Ley de Vivienda, pero ahí siguen: unas 25.000 familias al año pierden su casa, y ya 7 de cada 10 lanzamientos son por impago del alquiler, no de la hipoteca. La burbuja de 2008 desahuciaba propietarios; esta crisis desahucia inquilinos.
Lanzamientos practicados cada año (CGPJ, todo tipo de inmuebles). En naranja, los años con hitos: moratoria COVID (2020), mínimo histórico (2023) y el dato de 2024, cuando el 74,6% fueron por alquiler.
La respuesta pública, en cambio, se desmanteló. La construcción de vivienda protegida pasó de 68.587 unidades en 2008 a 4.938 en 2017 —el mismo año en que las sociedades de inversión compraron 63.692 viviendas: trece por cada protegida terminada—. Resultado: el parque público de alquiler social es del 1,7%, cuatro veces menos que la media europea. Housing Europe calcula que faltan 850.000 viviendas sociales para parecernos a Europa.
Vivienda protegida terminada cada año (MIVAU, calificación definitiva). El barranco de 2013-2017 coincide con la gran entrada de los fondos.
Porcentaje del parque de vivienda que es alquiler social. Pasa el ratón por las barras.
No tienen cara ni oficina en tu barrio, pero deciden cuánto pagas. Esta es la cronología de cómo el capital especulativo se quedó con trozos enteros del parque de vivienda — con el rescate bancario de por medio.
Se crea el régimen de las SOCIMIs (reforzado fiscalmente en 2012): el vehículo legal por el que el capital institucional entra masivamente en el alquiler residencial.
Con dinero público se crea la SAREB, que agrupa ~200.000 activos de los bancos rescatados valorados en 50.781 M€. El ladrillo tóxico se socializa… temporalmente.
La EMVS de Madrid vende 1.860 viviendas protegidas a Fidere (Blackstone) por 128,5 M€; el IVIMA vende 2.935 a Encasa Cibeles (Goldman Sachs/Azora) por 201 M€. Vivienda pública construida con dinero de todos, en manos de fondos.
Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell traspasan carteras inmobiliarias a Blackstone, Cerberus y Lone Star por más de 148.500 M€. Las seis mayores operaciones suman más de 400.000 viviendas.
Civio cuenta 737 megatenedores (50 o más alquileres) con más de 178.000 viviendas (~10% del mercado de alquiler). CaixaBank lidera con ~22.000; Blackstone, con ~19.600, es el mayor casero privado de Madrid. Catastro: 307.000 grandes tenedores, un 20% más que hace una década.
Las personas jurídicas firman ~74.000 compraventas al año (10% del total; hasta el 42% en barrios como el Eixample de Barcelona). Blackstone vende Fidere (~5.000 viviendas) a Brookfield por ~1.050 M€: las casas cambian de fondo, nunca de lógica. Mientras, 381.837 pisos turísticos (mayo 2025) compiten por el mismo parque.
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho».
— Artículo 47 de la Constitución Española. Lleva escrito desde 1978. Regular los alquileres, parar desahucios y frenar la especulación no es radicalismo: es literalmente el mandato constitucional que el Congreso incumplió el 2 de octubre de 2026.
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